El juez Titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha entrado al Palacio de Justicia de Madrid por donde lo hace la gente común, a sentarse, como muchos de los que allí entran, en calidad de imputado por su investigación sobre los crímenes del Franquismo. Se ha sentado por primera vez frente a uno de sus compañeros a responder preguntas en vez de hacerlas.
La asociación Libertad e Identidad y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, han acusado al juez de prevaricación, al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española y el régimen franquista (1936-1975), sabiendo, según ellos, que no podía hacerlo.
Ha tardado más de tres horas el juez en declarar. Se ha negado a responder a las 150 preguntas del sindicato (que no representa a ningún sector productivo del país), pero ha contestado a todas la que le han hecho el fiscal, el juez instructor y su abogado.
A su llegada le esperaban en la puerta del Palacio de Justicia admiradores, representantes de Foros de La Memoria Histórica, detractores y algunos curiosos, además de numerosos medios audiovisuales de prensa. La mayoría se expresaban sobre lo injusto de llevar precisamente a este juez al banquillo, conociendo su trayectoria profesional en defensa del derecho y la libertad.
Fuera de España el Juez Garzón es conocido por procesos como el de los desaparecidos españoles durante la dictadura argentina por el que “Las Abuelas De La Plaza de Mayo” pidieron justicia en su juzgado; la denuncia, con la Premio Nobel Rigoberta Menchu al frente, de las desapariciones sistemáticas y en masas de los indígenas de Guatemala, o por sólo citar la más conocida internacionalmente, el caso contra Augusto Pinochet, el dictador chileno, que puso en jaque al gobierno del Reino Unido, al dictar una orden de busca, captura y detención del general, la cual le mantuvo retenido en una clínica inglesa durante mucho tiempo.
En España, Baltasar Garzón lleva escolta desde hace años, por ser el azote de los miembros de la banda terrorista armada ETA. Ha instruido algunas de las causas más importantes y mandado a la cárcel a los asesinos de la banda más perseguidos y conocidos por sus atentados contra militares y civiles españoles.
Muchos analistas comentan la instrumentalización política y judicial del caso, y lo injustificado del mismo, ya que es conocida la postura del magistrado Luciano Varela, instructor del caso, frente a la apertura de una investigación de fosas comunes durante el franquismo que solamente pretende que los familiares de las víctimas de la dictadura entierren a sus padres, abuelos, hermanos, con la dignidad de cualquier ser humano, fuese del bando político que fuese.
El mismo magistrado Varela intentó, hace unos meses, que el Consejo General del Poder Judicial sancionara a Garzón, por vía disciplinaria, por supuestos cobros indebidos durante unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos de América. Varela no tuvo éxito porque el Consejo General archivó las diligencias. Es el segundo intento del citado magistrado por llevar al juez español más internacional al banquillo.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en las Naciones Unidas (ONU) que tiene su sede en Ginebra, ha expresado su malestar y preocupación, al considerar que dicha investigación al juez Garzón es una “interferencia injustificada e inapropiada” que esperan sea archivada lo antes posible.
La justicia española se habría apuntado un tanto de oro ante la ciudadanía española, tan descreída ya por la lentitud y muchas veces la parcialidad de los jueces, si hubiese sentado en el banquillo al juez Garzón o a cualquier otro miembro de la carrera judicial por una causa contundente, por algún delito que sin género de duda el acusado hubiese cometido, demostrando así que en España la Democracia se ejerce para todos y con todos. Pero este caso demuestra, una vez más, que a veces pesan más razones ideológicas y políticas que judiciales ante temas tan serios y comprometidos.
España es tomada por muchos países como ejemplo perfecto de transición de una dictadura a una democracia, y lo ha sido en muchos de los cambios que se han generado y desarrollado en los campos político, económico, social, humano, y muchos otros, pero en temas de justicia, cuando se habla de represaliados por el franquismo o desaparecidos, fosas comunes o republicanos asesinados sin identificar aún, algunos se siguen sintiendo incómodos en sus asientos y preferirían que de este tema nunca más se hablara y se sellara con una especie de ley del silencio que millones de españoles no están dispuestos a tolerar.

Por: Deglis Yero Labrada






Matar al silencio para salvar vidas
Se llamaba Isabel S.S., tenía 45 años y vivía en Vélez Rubio, un pueblo de la provincia de Almería. Ni usted, ni yo ni millones de españoles sabíamos quién era, hasta que ha aparecido en los titulares de los principales medios de comunicación del país. Salía hacia el taller de costura donde trabajaba y se encontró con un asesino en la puerta de su casa: su expareja.

Cándido M.L. tiene 61 años. Mató a Isabel a tiros y luego confesó su crimen, colocando a esta mujer inocente en el número 38 de la lista de víctimas mortales de violencia machista de 2009 en España. Ella consiguió, malherida, llegar a su destino, y allí falleció.

Pocas horas después, el Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, condenaron la muerte, mientras presentaban el nuevo Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género, que intentará proteger a más de cien mil mujeres amenazadas.

La novedad está en que dicho sistema aunará en una gran base de datos todos los documentos sobre los maltratadores e incluirá las denuncias de todas las víctimas en el ámbito nacional. Asimismo, por primera vez esa información será compartida por todas las instituciones implicadas en la protección, desde la Guardia Civil, Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias, hasta los jueces, fiscales, servicios sociales y las unidades de coordinación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Por otra parte, el sistema será capaz de evaluar cada caso, valorando el riesgo individual de cada víctima, ajustando en el mayor grado posible agresión y denuncia para saber qué nivel de riesgo corre cada una de las mujeres protegidas y la ayuda y apoyo que se les debe prestar en ese momento.

Si se tiene en cuenta que de las 38 mujeres asesinadas este año, 6 ya estaban incluidas en este sistema, que lleva implantándose desde 2007, podría pensarse que no es suficiente, pero ambos ministros han insistido en la importancia vital de denunciar. La gran batalla es matar al silencio en el que estas mujeres y quienes les rodean se instalan, creyendo que así salvan sus vidas y protegen las de sus hijos, en muchos de los casos.

Es la realidad quien nos dice a todos, cada pocos días, lo equivocadas que están. La mayoría de las asesinadas de este año en España no había denunciado a su agresor.

Tendremos que celebrar el nuevo intento del ejecutivo español por sacar a la luz cada caso de vejación, humillación y maltrato físico y psicológico sufrido por una mujer, si con ello conseguimos entre todos no volver a leer estos titulares ni ver rotas a otras familias.

*Deglis Yero Labrada, é correspondente do Pátria Latina em Madrid

Postado em 06/09/2009 ás 12:34